El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha emplazado a las Comunidades Autónomas que aún no lo han regulado a seguir el ejemplo de Andalucía, que esta semana ha aprobado la ley autonómica de servicios sociales en la que ha quedado establecido el denominado concierto social.
Tras el País Vasco, Baleares, Asturias, la Región de Murcia, Aragón y Galicia, que ya han regulado esta fórmula, Andalucía establece legalmente el concierto social como nueva modalidad para la mejor gestión de los servicios sociales de proximidad por parte de las entidades no lucrativas de acción social.
La consecución de este logro social ha obedecido a la demandas del CERMI Andalucía y de la Mesa del Tercer Sector de esa comunidad autónoma, que venían reclamando a la Junta de Andalucía la regulación del concierto social para dotar de un marco de estabilidad y calidad a los servicios sociales.
Las fórmulas tradicionales vigentes de contratación pública aplicadas con generalidad por las Comunidades Autónomas tales como el concurso, la subasta o la subvención, no son en absoluto adecuadas para la gestión de servicios de proximidad, restando eficacia y calidad a las prestaciones públicas y poniendo en riesgo los apoyos a la inclusión y al bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.
A la espera de que el Estado transponga al derecho español las directivas europeas del año 2014 sobre contratación pública, que deberán traducirse en una nueva ley de contratos del sector público, el CERMI reclama a las Comunidades Autónomas que aún no lo han regulado que establezcan mediante los cambios de sus leyes de servicios sociales el concierto social en su ámbito de actuación.