La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha inaugurado la jornada en compañía de José Boyano, de Cruz Roja; y de la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, quien también ocupa los cargos de secretaria general del CERMI Andalucía y de la Mesa del Tercer de Andalucía, respectivamente.

Sánchez Rubio ha trasladado a los asistentes el carácter «universal» y «pionero» de la norma, ya que convertirá a Andalucía «en la primera comunidad autónoma en España que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia». Además, ha agradecido el esfuerzo y el trabajo que han realizado los agentes sociales implicados en la prestación de estos servicios para enriquecer el texto con sus aportaciones.

El presidente del CERMI Andalucía, José Manuel Porras, comenzaba diciendo que al principio preocupaba que en el borrador de la ley la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia asumiera competencias propias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, destacando en su intervención las aportaciones que a la norma consideraron oportuno hacer desde el Comité y sus entidades miembros; como el hecho de que existiera un compromiso para que las prestaciones garantizadas como derecho subjetivo, exigible y de provisión obligatoria por la Administración no estuvieran supeditadas a la asignación de recursos, a la situación económica o al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, así como que se debía contemplar un fortalecimiento del apoyo a las entidades sin ánimo de lucro en la regulación del concierto social.

Para el CERMI Andalucía, la Ley de Servicios Sociales de Andalucía adquiere especial relevancia por las materias que regula; como el Catálogo de Prestaciones de Servicios Sociales de Andalucía; el Mapa de Servicios Sociales (que permitirá conocer las necesidades sociales de las distintas zonas y en el que se tendrán en cuenta criterios demográficos, geográficos, organizativos y de comunicaciones y sociales); la Formulación del Plan Estratégico de Servicios Sociales o el Decreto de Autorización y Registro de Entidades, Centros y Servicios, entre otras.