La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reivindicado la labor del medio millón de personas que se dedican en la comunidad a tareas de voluntariado, y que, con ello, se esfuerzan para conseguir «una Andalucía mejor» y más «solidaria», especialmente para quienes «más lo necesitan».
Susana Díaz ha presentado en San Telmo el proyecto de Ley del Voluntariado a unos 250 representantes del sector, entre ellos la Plataforma Andaluza del Voluntariado. La norma, que sustituirá a la que estaba vigente de hace 15 años, «es el reconocimiento como protagonistas» a ese medio millón de voluntarios andaluces y ha contado con la participación, en su elaboración, de 238 entidades, entre ellas sindicatos y universidades, en representación de los 3.000 entes que realizan tareas de este tipo en la comunidad.
Según Díaz, la ley, que comienza ahora el trámite parlamentario, es una norma «moderna, amplia y con una vocación importante de llegar a ámbitos y sectores que se convierten en protagonistas», regulando «un nuevo tiempo» en este tipo de tareas.
En este sentido, entre las novedades de la norma que marcan «un antes y un después» se encuentran el reconocimiento al «aprendizaje de servicio» que pueden realizar los menores desde los 12 años haciendo labores de voluntariado en su etapa de «desarrollo vital y personal», tal y como ha subrayado la presidenta.
Asimismo, la Ley regulará el «voluntariado digital, dirigido especialmente a combatir la brecha digital» y promover la alfabetización digital, siendo conscientes de que hay determinados sectores de la sociedad y zonas de Andalucía que «necesitan superar esa brecha».
Igualmente, la norma lleva la consideración de los colectivos voluntarios como «protagonistas de los programas que persiguen garantizar la igualdad y una vida mejor» a la ciudadanía.
Datos de la ley
La futura ley, aprobada el martes 23 de mayo por el Consejo de Gobierno, sustituirá a la vigente desde 2001 y se adaptará a la realidad actual del movimiento voluntario, integrado por más de 450.000 personas y alrededor de 3.000 asociaciones. En el proyecto de ley han participado representantes de 238 entidades, entre ellas la Plataforma Andaluza del Voluntariado, que también ha participado en la presentación.
La futura norma regulará la participación de los menores a partir de los 12 años, que podrán llevar a cabo acciones de voluntariado siempre que éstas no perjudiquen su desarrollo, formación y escolarización o supongan un peligro para su integridad y cuenten con la autorización expresa de sus progenitores.
Esta es una de las novedades del proyecto de ley que también reconocerá modalidades no presenciales vinculadas a las nuevas tecnologías como una alternativa al voluntariado presencial, así como la figura del voluntariado digital, cuyo fin es acercar las nuevas tecnologías a poblaciones en riesgo de exclusión digital.
El texto legal reconoce 12 modalidades de voluntariado entre las que se incluyen el social, ambiental, cultural, deportivo, educativo y de protección civil, además de las relacionadas con las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Asimismo, se amplía el ámbito de actuación con la incorporación de empresas, universidades, administraciones públicas e instituciones educativas.
Igualmente novedosa es la incorporación de una serie de medidas para fomentar el contacto con iniciativas solidarias tanto en la escuela como en contextos de aprendizaje más informales, como los espacios de participación juvenil, dado que estas experiencias a edad temprana son fundamentales para mantener una actividad voluntaria a lo largo de toda la vida. Por otra parte, la norma incorpora también disposiciones dirigidas a favorecer el acceso de las personas con discapacidad, las mayores y las que están en situación de dependencia.
Respecto a las nuevas modalidades que serán reguladas por primera vez, el proyecto establece cauces para reforzar los vínculos entre las iniciativas emergentes ciudadanas, como plataformas cívicas o movimientos vecinales, y el movimiento voluntario más organizado. Se reconoce así la importancia que estas actividades presentan como vías de acceso al ámbito de la acción solidaria.
La futura norma legal impedirá, como novedad, que la acción voluntaria organizada sea causa justificativa de la extinción de contratos de trabajo por cuenta ajena, tanto en el sector público como en el privado. Igualmente novedosa es la introducción de un sistema objetivo de reconocimiento de las competencias adquiridas por la persona voluntaria en el desarrollo de su actividad, de acuerdo con la normativa general de acreditación de las mismas por experiencia laboral o por vías no formales de aprendizaje.
Por último, el nuevo texto regula los derechos y deberes tanto de las personas voluntarias como de las destinatarias, de tal modo que a estas últimas se les reconoce el poder de decisión sobre las acciones que desean recibir.
