El sector de la salud de Andalucía, en este reportaje de Belén Torres y Angustias García (Solidarios Canal Sur) se posiciona en contra de la reforma del código penal impulsada por el Ministerio de Justicia.
Esta reforma revitaliza conceptos de peligrosidad y riesgo difíciles de concretar objetivamente, que están llamados a convertirse en un juicio de valor alimentado por prejuicios. En el caso de las personas con enfermedad mental se ve más afectado que en otras discapacidades, debido al estigma que pervive especialmente en el ámbito del derecho de la “peligrosidad del enfermo mental”.
Entre las principales medidas que pueden afectar a nuestro colectivo encontramos la posibilidad de prórroga de la medida de internamiento psiquiátrico por la que el internamiento puede ser indefinidamente prorrogado (cada cinco años) siendo posible que se convierta en perpetuo “si continúa siendo necesario para evitar que el sujeto que sufre la anomalía o alteración psíquica cometa nuevos delitos a causa del mismo”. Otra de las medidas sería la posibilidad de acordar el sometimiento a la libertad vigilada una vez alzada la medida de internamiento que, a su vez, puede ser revocada si se aprecia “evidencia de riesgo”de cometer nuevos delitos de forma que sólo sería posible la extinción de la medida cuando se haya llegado a cumplir por completo.
Para los intervinientes en el programa, la reforma puede suponer una trampa para aquellas personas que sean juzgadas y tengan problemas de salud mental, ya que se sigue sin tener en cuenta la realidad de los Juicios Rápidos, donde resulta difícil detectar la presencia de trastornos o anomalías psíquicas, y, en ningún caso se realiza un examen exhaustivo.
Tampoco se tiene en cuenta la escasez de medios para evaluar conceptos de imputabilidad y peligrosidad que dotarían de cierta objetividad a las decisiones de los jueces.